04/09/2008

Las tecnologías y productos sanitarios constituyen un punto en el que interaccionan lógicas que suelen ser divergentes.

Autor/es: Catherine Maurain

Lógica industrial

La innovación (investigación biomédica) depende en su mayor parte del sector privado, que es el que toma la iniciativa en lo que respecta a los campos de investigación y desarrollo, asume sus costes y optimiza los beneficios por inversión. La renovación de la oferta es una necesidad estratégica derivada de la evolución científica y tecnológica, de las expectativas de los profesionales sanitarios y de los pacientes, de las iniciativas de la competencia y, por último, de la confianza de los accionistas y, por tanto, de la supervivencia de la empresa. El periodo de tiempo necesario para desarrollar un medicamento innovador puede llegar a ser de doce años y el coste puede alcanzar unos 800 millones de euros. Por tanto, el ciclo de rentabilización es lento y arriesgado (se pueden llegar a testar 10.000 moléculas para que una salga al mercado, y sólo una de cada ocho moléculas comercializadas resulta rentable).

Este modelo económico industrial está secundado por las normas internacionales de protección de la innovación (patentes) que la Organización Mundial del Comercio (OMC) tiende a generalizar (acuerdos de Doha). Las estrategias de los productores se basan en ese periodo de exclusividad que supone un enorme freno para que las tecnologías y productos sanitarios sean accesibles a poblaciones poco o nada solventes (bloqueo de la comercialización de los medicamentos genéricos o inaccesibilidad a la tecnología punta).

Lógica sanitaria

El empleo de las tecnologías y productos sanitarios en la práctica médica posee una dimensión de seguridad sanitaria. Frente al potencial riesgo al que se expone cualquier tratamiento terapéutico, ampliamente demostrado por algunas catástrofes sanitarias (dietilestilbestrol, sangre contaminada, hormona de crecimiento, etc.), las autoridades sanitarias nacionales e internacionales (Unión Europea o Estados Unidos) dictan normas cada vez más restrictivas y someten la comercialización de las tecnologías y productos sanitarios a procedimientos de evaluación y ensayo cada vez más complejos, prolongando así el proceso de investigación y desarrollo.

De este modo, las políticas sanitarias públicas se enfrentan, en lo que respecta a la innovación terapéutica, a un dilema de salud pública. Están divididas entre la voluntad de acelerar el acceso de los pacientes y los médicos a las tecnologías y productos innovadores que responden a necesidades terapéuticas evidentes y la necesidad de evaluar su relación beneficio/riesgo antes de que sean ampliamente comercializados.

Desde hace algunos años, debido al potencial riesgo sanitario ha surgido el “principio de precaución” que se concreta en la adopción de medidas provisionales y proporcionadas con el fin de evitar que se produzca un daño y en el establecimiento de procedimientos de evaluación de los riesgos a los que expone. De hecho, se trata de atribuir una base científica a las decisiones políticas que, en consecuencia, tienen que admitir la incertidumbre, los procesos de evaluación de expertos y las contradicciones potenciales que generan. El principio de precaución, principio político de gestión de la incertidumbre, impone la necesidad de pasar de modelos de decisión basados en una relativa racionalidad a modelos que reflejan la aceptabilidad colectiva de los riesgos. Sin embargo, cuando una parte del cuerpo social rechaza la incertidumbre, la ideología del “riesgo cero” puede conducir a la indecisión, al inmovilismo e incluso a la desconfianza generalizada frente a los avances de la ciencia y la tecnología. La multiplicación de los procesos de ensayo es el velo tras el que se protege la impotencia de los poderes públicos.

Pero, en sentido contrario, las autoridades sanitarias están sometidas a considerables presiones cuando demoran la disponibilidad de tecnologías y productos que ofrecen expectativas esperanzadoras. La abstención en medicina, y, en general, en sanidad pública, puede llegar a convertirse en una negligencia. Además, no suele ser bien entendida por los profesionales de la sanidad cuya práctica cotidiana está constituida por la evaluación de la ratio riesgo/beneficio. Y el principio de precaución no debería suponer un freno a la innovación.

Lógica socioeconómica

La capacidad financiera para acceder a los productos y tecnologías innovadores se ve comprometida por unos precios de comercialización que suelen ser muy elevados. La lógica industrial liberal justifica el progresivo aumento de esos precios por la necesidad de integrar los riesgos de desarrollo en el coste de los productos. Ahora bien, el impacto que tienen en los gastos de sanidad es considerable en los sistemas de asistencia sanitaria de los países desarrollados. Y, si se aplica la misma estrategia de precios, resulta prácticamente imposible acceder a ellos en los países en desarrollo. Así pues, la solvencia individual o colectiva condiciona el derecho a acceder a la innovación terapéutica y, de facto, el derecho a la salud.

La optimización del empleo de recursos también depende de las decisiones políticas: en nombre de la equidad, del acceso a la asistencia sanitaria de la mayoría, de la justa remuneración de los servicios y de la innovación terapéutica, es necesario buscar un equilibrio que excluya el despilfarro y preserve la salud “pública”, conglomerado formado por la salud de cada individuo.

El objetivo de la protección de la propiedad intelectual, de la prestación a precios atractivos por parte de los sistemas de protección social y de la aceleración de los procedimientos de evaluación y comercialización es facilitar el acceso a los productos y tecnologías innovadores a los pacientes de los países desarrollados, conciliando las lógicas estratégicas de los productores y los imperativos de la salud pública. Por el contrario, el impacto que supone la propiedad intelectual en lo que respecta al acceso a algunos tratamientos de las poblaciones más desfavorecidas es considerable.

Sea cual sea el tipo de sistema sanitario, el problema del acceso a las tecnologías y productos sanitarios es, en consecuencia, fundamental. La comercialización de algunos medicamentos considerados “poco rentables”, como los medicamentos huérfanos o pediátricos, está siendo objeto de incentivos jurídicos (adaptación de los procedimientos) y económicos (formas de exclusividad diferentes al derecho de propiedad intelectual). Pero todavía está lejos de resolverse, tanto en términos de eficiencia como de equidad, la cuestión del coste de las tecnologías y productos sanitarios innovadores en la financiación de los sistemas de atención sanitaria.